Al cumplirse una semana del incidente ocurrido en “Bar-Bar”, en el que fue baleado el futbolista Salvador Cabañas, el balance es muy adverso no sólo para las autoridades del Distrito Federal, sino para los gobernantes delegacionales y municipales del Poniente de la ciudad. Pero los vecinos debemos encontrar en esto un llamado de alerta, y actuar para que los niveles de seguridad no sigan cayendo.
Los hechos referidos tienen sólo uno de sus ejes en el presunto agresor de Cabañas, José Jorge Balderas (a) “JJ”, un personaje cuyo domicilio en Fuente Diana 148-B, en Lomas de Tecamachalco, en Huixquilucan, no había despertado ninguna denuncia ciudadana, mucho menos una inspección del municipio que encabeza Alfredo del Mazo.
Balderas, que según la autoridad podría contar con otra media docena de identidades, entró armado al citado bar y no recibió una revisión sino abrazos de empleados y administradores del lugar que, hoy sabemos, es propiedad del empresario Simón Charaf Medina, dueño de una larga lista de negocios de “giro negro” y de compañías de espectáculos, en las que ha estado asociado con directivos de la empresa Televisa.
En los espacios noticiosos de ese importante consorcio mediático el asunto fue presentado desde el primer momento como un tema de inseguridad que nos colocaba a todos frente a la tragedia de un joven deportista con toda la vida por delante pero que ve de cerca la muerte en una riña banal en los baños de una discoteca.
La presión sobre el gobierno de Marcelo Ebrard, el procurador capitalino de Justicia, Miguel Mancera Espinosa, y sobre el delegado en Álvaro Obregón, Eduardo Santillán, debe haber sido brutal desde el primer momento. Sólo así se explica el número de pifias en las que especialmente los dos últimos incurrieron con el ánimo de apresurar conclusiones y evitar que el problema se les fuera de las manos.
En esta historia nos hemos encontrado con un hombre que frente a las cámaras luce su desfachatez como supuesto representante de bares y discotecas, según el cual todos estos establecimientos dan “mordida” a los inspectores delegacionales. Dijo que las cantidades entregadas mensualmente van de 15 mil pesos a un millón, según el tamaño del establecimiento y la inversión empeñada. La duda es qué tanto debemos creer –algo al menos, ciertamente- a un personaje de tales características, que debería expresar sus dichos frente a un juez y no en tiempo triple “A” en el “Canal de las Estrellas”.
De ser rigurosa, la investigación sobre este caso topará con antecedentes que ligan al “JJ” con el crimen organizado. Se develará su cercanía con el dueño del “Bar Bar”, y quizá hasta brotará la hipocresía de quienes buscan que todo quede bajo tierra. .
En lo que sí podemos influir los vecinos hoy es ejercer presión para que todos los programas oficiales ligados a discotecas sean puestos sobre la mesa, de una vez por todas, para que los ciudadanos los conozcamos y los podamos discutir.
La luz del sol debería dirigirse con toda transparencia hacia el sistema de inspectores con que cuentan las delegaciones. En Álvaro Obregón hay 15, según el jefe delegacional Santillán. Y dijo que eran insuficientes para supervisar a decenas de miles de establecimientos comerciales.
Es indispensable que la situación patrimonial de esos servidores sea pública, lo mismo que sus procedimientos y el sistema de rotación a que deben estar sujetos. Con ello se evitará lo que al parecer ocurre hoy, que uno de ellos recién estrenó un Mercedes Benz. A esto se debe sumar un amplio sistema de información a los ciudadanos para que éstos puedan denunciar negocios que incurran en violaciones a los reglamentos respectivos.
Es urgente conocer las políticas de transparencia a que estarán sometidas las delegaciones capitalinas y los municipios mexiquenses, a la luz de la reforma constitucional en la materia, que impone obligaciones muy claras a toda comunidad superior a los 70 mil habitantes, lo que es el caso de las 16 demarcaciones del Distrito Federal y de todas las comunas mexiquenses conurbadas en la metrópoli.
Otro frente indispensable, acaso el más complejo, es evitar que los narcotraficantes y sus familias sigan comprando residencias en fraccionamientos de lujo sin que los vecinos ni la autoridad hagamos nada. O que empresarios que lucran con el vicio convivan con nosotros y les demos el mismo espacio que merece una gente.
Se trata de un desafío ciudadano colosal, que debe estar acompañado por los dirigentes de colonos y otras instancias cívicas. Pero en el origen, es una decisión de cada persona, de cada familia.
Si seguimos abriendo los brazos a vecinos que no lo merecen y vendiendo nuestras casas a criminales, daremos la espalda a valores elementales. Y con ello habremos de condenar a nuestra comunidad: primero vendrán los operativos policiacos a la medianoche; luego, gente armada en parques y avenidas por las que antes solíamos pasear. Y por último, el crecimiento de las adicciones y la violencia en nuestras escuelas y barrios, entre nuestros propios hijos.
O hacemos algo hoy o después nadie creerá que nuestra queja sea sincera ni legítima.
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